En el marco de la iniciativa «Encuentros para la transformación», organizada por Soziable con la colaboración de Ilunion Comunicación Social, ha tenido lugar una jornada dedicada a la «Ley de información no financiera: la RSE ante la ley». La jornada contó con una mesa de debate compuesta por expertos en RSE y Sostenibilidad de empresas cotizadas de los sectores de las TIC y las finanzas, el mundo de la auditoría y la inversion socialmente responsable.
La Ley de Información no financiera y de diversidad, de aplicación retroactiva y con efectos desde enero de 2018, exige a las empresas de interés público y a aquellas con más de 500 trabajadores reportar información no financiera sobre aspectos ambientales, sociales y de gobierno (ASG). Los responsables empresariales que participaron en la jornada explicaron los cambios, novedades y claroscuros que arroja la nueva normativa y qué retos enfrenta el DIRSE en la asunción de sus nuevas competencias derivadas de la ley.
Fernando Riaño, director de RSC, Comunicación y Relaciones Institucionales de Ilunion, abrió el acto destacando que la transposición de la Directiva de la UE sobre información no financiera ha representado una buena noticia, por un lado, pero también una mala, por otro. La «buena nueva» es que la llegada de la obligatoriedad de informar sobre cuestiones ASG favorece la mayor conciencia entre el tejido empresarial sobre la relevancia de estos aspectos. Y el «pero» viene de la mano de que España ha sido el último país del entorno comunitario en realizar la transposición de la Directiva 2014/95/UE sobre la materia.
Tras la inauguración del acto, Riaño agradeció la presencia a los responsables empresariales que dinamizaron el debate: Alberto Castilla, director Reputación y RSC de EY España; Elena Valderrábano, directora de Ética Corporativa y Sostenibilidad de Telefónica y presidenta de DIRSE; Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio RSC; María José Gálvez, directora de Sostenibilidad de Bankia; y Jaime Silos, presidente de Spainsif y director de Desarrollo Corporativo de Forética. Tras el agradecimiento, dio paso al moderador de la mesa, el periodista José María Doménech, responsable de Contenidos de Soziable.
Cambios y aspectos preocupantes de la ley
De izquierda a derecha, José María Doménech (Soziable), Alberto Castilla (EY España), Elena Valderrábano (Telefónica y DIRSE) y Orencio Vázquez (Observatorio RSC).
Para romper el hielo, el periodista preguntó a los participantes por los cambios más relevantes que ha traído la llegada de la Ley de información no financiera y de diversidad y los aspectos que más les preocupan.
Elena Valderrábano, directora de Ética Corporativa y Sostenibilidad de Telefónica y presidenta de DIRSE, apuntó que uno de los temas que más la inquietan es que ni siquiera con la ley se favorecerá la comparabilidad. «Es cierto que las empresas del IBEX hemos reportado los conceptos exigidos, pero los parámetros empleados no han sido iguales en todos los casos. Si no hay transparencia en esa trazabilidad que estás reportando, no se logra la comparabilidad».
Por otro lado, destacó que la ley «puede representar un aliciente para los profesionales de la RSE —en cuanto a nuevos retos y consideraciones que antes no tenían que tener en cuenta—, lo que es muy positivo. Pero me preocupa que los árboles no dejen ver el bosque, en el sentido de que se centren en reportar y poner el KPI, pero después no hagan nada en la estrategia de RSE. Esto puede ser relativamente fácil si dedico esfuerzo a reportar indicadores, pero no me preocupo de definir una estrategia a largo plazo de responsabilidad corporativa».
Elena Valderrábano también hizo hincapié en que las nuevas exigencias requieren que la información que debe reportarse se traslade al área financiera, en la que trabajan los profesionales acostumbrados a realizar el control y seguimiento de este tipo de datos. «Esto favorecerá que tengamos mejores indicadores y más trazables; pero, por otra parte, quizá suponga cierto riesgo a perder un poco la perspectiva que los profesionales que llevamos tiempo trabajando en esto ya tenemos sobre la importancia que realmente tienen estos temas».
Para la directora de Ética Corporativa y Sostenibilidad de Telefónica y presidenta de DIRSE, «es crucial que realmente creas en ello. Se trata de creer, de estar convencido de que cuando trabajas la RSE, este esfuerzo funciona a largo plazo y que, a la larga, se lograrán mejores resultados y mayor desarrollo económico y social. Si solamente importa reportar el KPI, se puede perder esa esencia».
Comparabilidad, consistencia con el mercado y retos
María José Gálvez, directora de Sostenibilidad de Bankia, se mostró muy de acuerdo con Elena Valderrábano y subrayó que está claro que para poder reportar en las materias no financieras exigidas por la nueva ley «tienes que haber hecho algo previamente, lo que es muy favorable. Pero la normativa adolece de no aportar una metodología que desarrolle la ley. Esto provoca que no dispongamos de datos comparables. Cada empresa reporta de una forma diferente, lo que representa una pérdida de información»
Como aspecto muy positivo, explicó el hecho de que, internamente, la información no financiera se eleve al Consejo de Dirección y se formule igual que unas cuentas anuales. Esto representa un punto de inflexión. «El Consejo tiene que firmar el acta de aprobación y, además, llevarla al Registro Mercantil. Esto significa que este tipo de información se eleva a un nivel en el que ya debía haber tenido su hueco antes, dado que aborda información muy estratégica para las compañías».
Otro asunto clave también es que en las Juntas de Accionistas se incluya un punto en el que haya que aprobar este tipo de información no financiera. «Si hasta ahora se había percibido cierto activismo por parte de algunos sectores y asociaciones, esto va a fomentar que haya mayor activismo. Al haber más información disponible, el escrutinio social también es mayor, y esto va a ser muy positivo. Porque ese es el diálogo que tiene que haber entre la empresa y la sociedad. Las compañías somos agentes sociales, generamos impactos positivos y, en ocasiones y sin intención, también producimos otros negativos que tenemos que ir mitigando», señaló la directora de Sostenibilidad de Bankia.
El hecho de que, internamente, la información no financiera se eleve al Consejo de Dirección y se formule igual que unas cuentas anuales es un punto de inflexión. El Consejo de Administración tiene que firmar el acta de aprobación, lo que denota el carácter estratégico de este tipo de información»
A continuación, Jaime Silos, presidente de Spainsif y director de Desarrollo Corporativo de Forética, apuntó que «el impacto de la ley va a ser un neto positivo. Cuando digo “neto”, es porque hay una parte positiva y otra que no es tan positiva». Entre los aspectos favorables, destacó varios: el ya adelantado por María José Gálvez sobre la elevación de la información no financiera al Consejo de Administración y su inclusión en el orden del día en las Juntas de Accionistas; y «también el hecho de que sean los administradores los que tengan que firmar uno por uno este tipo de información. Esto aporta una mayor percepción de su valor», incidió Silos.
A esto, añadió que «la norma es probablemente la más exigente en su materia dentro de Eurozona, lo que es consistente con un mercado como el que tenemos, que es muy sofisticado en materia de sostenibilidad. Esto no es chovinismo», aclaró, y para reforzar este punto tomó como referencia el informe sobre tendencias de reporte global elaborado por KPMG. Este recoge que «la tasa de reporte en nuestro país es un 17 % superior a la de otros países. Además, las agencias de rating nos dicen, por ejemplo en el caso del MSCI, que el desempeño en ESG [ASG, por su acrónimo en español] de las empresas españolas es un 21 % superior al MSCI World. Por ello, pienso que hay cierta coherencia y consistencia».
Desde su prisma, los retos están, en primer lugar, «en ese giro casi copernicano en la recta final del proceso de transposición, en el que, desafortunadamente, la propiedad conmutativa no ha funcionado», se lamentó. «El legislador cambió el orden de los factores al modificar el principal criterio para definir a quién afectaba la norma, y pasó de determinar que fueran las empresas de interés público las afectadas a establecer que lo fueran todas las compañías con más de 500 trabajadores. Esto afecta completamente al ámbito de aplicación», puntualizó.
En este sentido, detalló que, en un cálculo inicial, se estimaba que la ley afectaría a en torno a 200 compañías — fundamentalmente, las cotizadas y algunas más—. «Pero la realidad ahora es que son más de 1000 las afectadas. Esto genera dos retos: por un lado, muchas compañías aún no se han enterado de que la norma les aplica. Hay muchas empresas de más de 500 empleados no tan sofisticadas que desconocen que la Ley de información no financiera les afecta. Por lo que no van a haber formulado un estado de información no financiera por desconocimiento. Y, por otra parte, también hay muchas compañías de servicios de auditoría a las que también les ha pillado por sorpresa, por lo que se desconoce si todas están dimensionadas para satisfacer las necesidades de un mercado que pasa de 200 a más de 1000 empresas que tienen que reportar información no financiera. Estos son los claroscuros que veo a la norma, con aspectos positivos, pero algunos negativos en el corto plazo», concluyó.
Desarrollo reglamentario y verificación
Alberto Castilla, director de Reputación y RSC en EY España, fue muy gráfico y se valió del sentido del humor para explicar el impacto de la transposición de la Ley de información financiera y diversidad en aquellas empresas que antes no reportaban nada y que acudieron a ellos para ponerse al día.
Según sus palabras, la aparición de la ley «puede equipararse a las etapas del duelo. Cuando llegó la ley, lo negaron: “No puede ser, no puede ser que tenga que sacar el informe integrado en un mes y medio”. A continuación, tras ver todo el trabajo que había y nuestros honorarios —dado que tenemos que revisar más de 100 indicadores—, sufrimos la ira. Y cuando ya empezaron a salir los informes de información no financiera, comenzaron la etapa de negociación y de depression, valorando qué es lo que tienen que hacer con toda esa información… porque no olvidemos que estamos ante un tema nuevo para más de 1000 empresas».
Desde el punto de vista del trabajo de auditoría, «la ley solo dice que la información no financiera tiene que ser verificada por un actor independiente. No dice nada más, lo que para nosotros representa un riesgo. Por ello y coincidiendo con la salida del primer borrador de la ley a finales de noviembre, los profesionales de la auditoría formamos un grupo de trabajo para dimensionar el reto al que nos enfrentábamos, trabajar y ponernos de acuerdo en la verificación del estado de información no financiera».
Esta coordinación ha sido esencial, dado que la ley no especifica nada al respecto, y «podría darse que una firma de auditoría pidiera una cosa y otra firma solicitara algo distinto», matizó Castilla. Así, en febrero se llegó a un consenso para editar una guía, «de manera que toda la profesión de auditoría aplique unos mismos estándares y procedimientos. El gran problema no fue el dimensionamiento, sino cómo verificamos lo que la ley pide, ya que nuestros clientes nos van lo van a preguntar y tenemos que tener una respuesta».
Si buscamos comparabilidad, es necesario un desarrollo reglamentario previo. Y este debería también aplicarse a la verificación, porque la ley no establece cómo hay que verificar»
Otro obstáculo destacado por el director de Reputación y RSC en EY España es la ausencia de un desarrollo reglamentario en la ley. «Este punto es muy interesante porque, si buscamos la comparabilidad, es necesario un desarrollo reglamentario previo. Y este debería también aplicarse a la verificación, porque la ley no establece cómo hay que verificar», continuó.
Ante este escenario, Alberto Castilla estima necesario que durante este año se analicen los modelos de verificación —de forma parecida al trabajo que se realiza con una auditoría de cuentas y según la guía mencionada—. De este modo, se podrá identificar «qué se está haciendo bien, regular o peor, y analizar otros modelos, de tal manera que la información sea comparable».
Para Castilla, «la ley está impactando radicalmente. Si quitamos de la ecuación a las compañías que ya venían informando de estos temas, podríamos decir que la memoria de RSE o de Sostenibilidad que sigue GRI es lo mismo que el estado de información no financiera. Es decir, aborda GRI, más brecha salarial, más absentismo y algunos aspectos más. Lo que cambia radicalmente es la responsabilidad, que ahora es firmada por los administradores, como ya se ha mencionado», reforzó.
«¿Qué nos encontramos los auditores? Que una memoria de RSC tenía del orden de 200 páginas, mientras que un estado de información no financiera tiene 20. Que la primera tiene fotos y la segunda, no. Que una memoria de RSC tiene una narrativa necesaria para comprender la compañía, mientras que un estado de información no financiera, por lo general, no lo tiene. Por nuestra experiencia, estamos encontrándonos con en las sesiones en las que los Consejos de Dirección revisan las cuentas, se dedica más tiempo a la información no financiera que a la financiera. Por lo tanto, el cambio, a grandes rasgos es bastante radical».
El rol del DIRSE, nuevas funciones y transversalidad
A raíz de esto último, José María Doménech preguntó si esto implica que la función del DIRSE cambie, dado que ahora los departamentos financieros también están involucrados en lo que hasta ahora competía a la RSE.
«Efectivamente, existe ese riesgo», contestó Elena Valderrábano. «El problema es que no se entiende bien internamente. Si en las empresas que ya llevábamos tiempo reportando aspectos no financieros, haciéndolo de forma regular, pero separada del reporte financiero, encontramos una gran dificultad; aquellas en las que no se ha hecho hasta ahora, esta complejidad será aún mayor. Los responsables financieros no tenían normalmente contacto con este mundo. Internamente, ha habido mucha complejidad porque no puede ser que los estados no financieros ocupen menos que los financieros.
Se avecina una etapa compleja, vaticinó. «Porque, si ya existían muchas dudas anteriormente sobre el professional de la RSE en el marco de una empresa relacionadas con la nomenclatura, el sitio en el que ubicarle: ¿en Recursos Humanos? ¿Comunicación? ¿Asuntos Públicos?.., Y, encima, aparece un nuevo rol, el director de Finanzas —hasta ahora responsable del reporting—, esto implica otra explicación más, un entendimiento diferente… En definitiva, se trata de otro reto», aclaró.
De izquierda a derecha, Orencio Vázquez (Observatorio RSC), María José Gálvez, directora de Sostenibilidad de Bankia, y Jaime Silos, presidente de Spainsif y director de Desarrollo Corporativo de Forética.
María José Gálvez destacó el perfil transversal de los responsables de RSE en las empresas, «que trabajan con casi todo el mundo porque, si no, las cosas no saldrían». Y señaló la existencia de una mayor presión para ellos con las nuevas competencias derivadas de la Ley de información no financiera. A este respecto, explicó que «hay procedimientos relacionados con la Dirección de Sostenibilidad y RSE y aprobaciones de las cuentas que pasan por comités que antes no conocías, por lo que, en alguna ocasión, puede bailarte alguna fecha importante».
Este año todo ha sido muy rápido para la directiva de Bankia. «Nosotros formulamos cuentas el 19 de febrero, cuando aún se estaba dilucidando cuáles iban a ser los procedimientos de verificación, así que nos ha pillado todo por sorpresa. El año que viene sí que vamos a tener más protagonismo. Hasta ahora, hemos hecho el reporte y tenemos que hacer balance de cómo lo hemos realizado. Además, quizá tenemos que plantearnos si tenemos que tender a otro tipo de reporte, en caso de que se estime que no es útil hacer una memoria anual. Si ya dispones de la información que necesitas en la de información no financiera, ¿para qué duplicar información? ¿Cuál es la que hay que aportar? ¿De qué forma? Toca hacer balance sobre qué podemos mejorar».
Ley de información no financiera, oportunidad para el DIRSE
Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de la RSC, defendió que la Ley de información no financiera es una estupenda oportunidad para el DIRSE. «No cambia una tendencia secular que llevamos viendo desde hace tiempo. Por ejemplo, en el informe de Forética de 2006, cuando preguntamos a las empresas que por qué reportaban aspectos no financieros, la respuesta fue: “por reputación”. Esto provocaba que el DIRSE dependiera de Comunicación y estuviera siempre muy orientado a la reputación. Tras 15 años, hemos visto cómo el DIRSE ha ido interactuando con otras áreas como Estrategia, Operaciones, Finanzas —desde el punto de vista de las inversiones—, hasta tener una posición mucho más estratégica e importante.
Alberto Castilla añadió que «la oportunidad es clara para las empresas cotizadas, y también hay que tener en cuenta que, en el caso de estas empresas, existe un evidente riesgo reputacional asociado a la información no financiera». Para ilustrar este aspecto, utilizó un ejemplo muy gráfico: «Quien tenga tiempo, puede dedicarlo a comparar la brecha salarial entre empresas, la diferencia retributiva por categoría profesional, número de accidentes… Es decir, por ley, ahora hay necesidad de que haya información disponible que es de por sí negativa. Esto es un gran quebradero de cabeza para las grandes empresas. La realización del reporte es pelea interna, trabajo… pero, al final, el resultado es susceptible de generar riesgo reputacional».
La gestión de este tema no está siendo sencilla, explicó. «Imaginaos un Consejo de Administración en el que nunca se ha recibido información de este tipo y se encuentran con una del tasa de absentismo del 15 %, con una brecha salarial del 18 %… y sin que esté bien explicado de dónde proviene el cálculo». Esta información «se está poniendo en el mercado y es información “negativa”».
Otro problema detectado tiene que ver con las salvedades que se están incorporando en los informes de auditoría porque hay compañías que no han sido capaces de aportar cierta información porque sus sistemas no estaban preparados para hacerlo. «Ante una omisión, el auditor no tiene más remedio que decir que la información no está. Hay una procedimiento y una norma que hay que cumplir. Si algo está mal calculado, hay que decirlo, del mismo modo que, si hay errores, hay que decir que los hay».
Por ello y en comparación con el pasado, se pueden dar informes con salvedades, «lo que también es una novedad y está vinculado con la responsabilidad», siguió Castilla.
La transparencia, sobrevalorada
Uno de las ideas en las que también quiso inicidir el responsable de EY España fue que «la transparencia está sobrevalorada. ¿Qué es lo importante, que se comunique la brecha o que no haya?», se preguntó. En cuanto a la gestión y mejora de la información no financiera, «lo importante no es solo comunicar, sino que baje la brecha salarial, que disminuyan los accidentes… El papel del DIRSE aquí es critico», defendió.
Ante un ejercicio voluntario, lo que tenía que hacer el DIRSE era ayudar a la empresa a comunicar, entender, explicar lo importante que es la información no financiera, según Alberto Castilla. «El perfil del DIRSE era un perfil basado en la negociación y en el apoyo transversal, pero ahora hay una ley. La diferencia entre el perfil del DIRSE y el del financiero es que este último no tiene necesidad de llevarse bien con sus compañeros. Tiene un trabajo que hacer, y lo tiene que hacer en un tiempo. ¿Por qué la memoria de RSC requiere dos meses y el estado de información no financiera tres semanas?», se preguntó. «Considero que el DIRSE tiene que creerse que quizá su capacidad de negociación interna no es crucial, sino lograr resultados y no solo sensibilizar a la organización. El reto para el DIRSE es apasionante».
No hay homogeneidad en KPI ni en la reglamentación de los distintos países, lo que añade mucha complejidad para las multinacionales. En cuanto a la competitividad, el GRI sí permite que no se reporten determinados conceptos, si esto afecta a la competitividad y la protección de datos. Pero esto nos lo hemos saltado aquí, lo que puede conducir a un desnivel en los márgenes comerciales»
Falta de homogeneización de KPI y en la regulación de los países
Un tema problemático en empresas que son multinacionales es el de la falta de homogeneización de KPI y regulación entre países. Así lo subrayó Elena Valderrábano, quien matizó que, «cuando te encuentras con asuntos que normalmente ya están regulados, por ejemplo, —relacionados con la seguridad y la salud— los conceptos en cada país son totalmente diferentes. En un país, se considera accidente laboral una cosa y en otro, otra». Si esto ya añadía complejidad —en cuanto a la homogeneización del KPI— al reporte que se hacía de manera voluntaria, en el caso de las companies que cotizan en distintos mercados en los que se aplican legislaciones diferentes, se convierte en un puzle más difícil aún de resolver.
«No hay homogeneidad», se lamentó la presidenta de DIRSE. «Y, si además cotizas en Estados Unidos, el reporte a la SEC es completamente distinto. Si a esto añades que eres una empresa que quiere ser transparente, cuya información reportada a los mercados sea exactamente igual, esto incrementa la complicación. Para los americanos, todo esto del reporte no financiero les suena a chino».
La competitividad, asunto delicado
En materia de competitividad, «el GRI sí permite que no se reporten determinados aspectos, cuando esto pueda afectar a la competitividad o a la protección de datos», explicó Valderrábano. Este tema «aquí nos lo hemos saltado y esto puede llevar a un desnivel de los márgenes comerciales. Lo que no puede ser es que una legislación que lo que pretende es la sostenibilidad y una mayor actuación de las empresas en la consideración de otros factores tenga efectos adversos, en cuanto a la competitividad de las empresas españolas», lamentó. «La ley ha salido con mucha premura», continuó, lo que se ha traducido en que aspectos críticos como la materialidad, la competitividad o la homogeneidad de KPI hayan quedado un poco en el aire.
Al hilo de esto, incluso el reporte a la CNMV es complejo. «Las empresas del IBEX tienen que reportar a la CNMV, y esta no está preparada y todas las empresas que ya reportaban han visto cómo su reporte ha resultado perjudicado. Ahora tienen que reportar de una manera descabalada, sin ningún tipo de cohesión entre lo financiero y lo no financiero», criticó.
El carácter punitivo de la ley
Ante los casos de empresas que no revelan datos por las razones mencionadas, «¿a qué acciones punitivas pueden enfrentarse?», preguntó el moderador.
Alberto Castilla tomó la palabra y avanzó que, «por la novedad de la ley, somos incapaces de prever aún el impacto que puede tener una salvedad. En cuanto al requerimiento del supervisor, en el caso de las cotizadas, sabemos que ya se han empezado a producer requerimientos. Conocemos que ha habido llamadas de teléfono», clarificó.
La visión de Orencio Vázquez sobre el hecho de que llegue al Consejo de Administración información que no le vaya a gustar es que es un debate que se va a superar. «Y se centrará no en si hay que comunicar o no dicha información, sino en qué hacer para cambiar el dato negativo. Esto es muy positivo».
«Temas que antes tenían poco peso en el Consejo de Administración, a pesar de la Ley de Sociedad de Capital, ahora tienen que ser firmados por sus miembros. Se trata de asuntos que tienen relación con información fiscal, de riesgos laborales, brecha salarial, emisiones, etc. que ya no puedo esconder. Tienen que ser reflejados para saber cómo estoy respecto a mis competidores; y mis asesores, inversores… lo van a tener en cuenta. Esto es un primer paso muy transcendental, que abre el camino a ese desarrollo reglamentario que es necesario y que la ley deja totalmente abierto», continuó.
Según Vázquez, los informes que hacen en el Observatorio RSC a veces contradicen totalmente algunos informes de verificación, así que el verificador está tomándose muy en serio determinar cómo verificar. De hecho, su actuación «puede incurrir en alguna cuestión de tipo jurídico». «Tanto empresas como individuos actuamos en función de las responsabilidades. Yo creo que esto es positivo, sobre todo por la implicación que tiene de poder poner en alerta a aquellos que tienen capacidad de tomar decisiones», finalizó.
El impacto de la ley desde el prisma global
La tendencia global de las iniciativas de reporte, por ejemplo, en materia climática, es globalista. Necesitamos un consenso internacional para reportar. En cuanto a la situación actual, ahora toca revisar la Directiva europea e incorporarla al sistema financiero climático. Habrá mucha más regulación, más normativa prudencial para las aseguradoras y los bancos»
Jaime Silos puntualizó que las cosas se ven de distinta manera, en función de la perspectiva desde la que las miremos. «A nivel local, el desarrollo normativo y reglamentario es muy importante, pero desde un prisma global, probablemente sucede lo contrario. Tengamos en cuenta que en España, todo el IBEX35 pesa menos del 2 % de la capitalización del mercado mundial. Es decir, desde el punto de vista del mercado, somos muy pequeñitos. Por ello, cuando fragmentamos la regulación, generamos un problema de competitividad. Desde el punto de vista del inversor, si cada jurisdicción tiene unas métricas distintas, se genera una mayor confusion».
La tendencia global de las iniciativas de reporte, por ejemplo, en material climática, como el Task Force on Climate-related Disclosure del Financial Stability Board, «tienen una perspectiva globalista. Desde la perspectiva de los mercados globales, necesitamos un consenso internacional a la hora de reportar».
El hecho de que España haya entrado tanto en el detalle «quizá es un problema más que una virtud. Pero, depende de la perspectiva», recordó.
Por último, Jaime Silos advirtió que ahora toca revisar la Directiva europea e incorporarla al sistema financiero climático, lo que derivará en que «habrá mucha más regulación, más normativa prudencial para las aseguradoras y los bancos. Es decir, esto es una evolución que no acaba en esta ley».
Para terminar, María José Gálvez recordó que, en el caso de las cotizadas y como consecuencia del Código Unificado, esto ha supuesto «que el Consejo de Administración ya fuera muy consciente de que todo lo relacionado con la información no financiera recayera en ellos. Por este motivo, sabían que se trata de un asunto más estratégico».
En cuanto a la transparencia, se sumó a la opinión de Alberto Castilla al reforzar que «está sobrevalorada en España. Creo que, si va en perjuicio de nuestras compañías, como marca España también habría que hacer una valoración con una vara distinta e indiscriminadamente». Por ello, su balance de la llegada de la Ley de información no financier es positivo, pero con algunas lagunas.
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