CONAMA 2020: Contexto de los riesgos financieros climáticos y de la naturaleza y cómo los abordan las organizaciones españolas

El estrecho vínculo entre cambio climático y la crisis de biodiversidad y los riesgos financieros derivados del clima y de la naturaleza son una realidad. El interés por conocer cómo abordar estos riesgos adecuadamente es creciente, por lo que los miembros del Comité Técnico 6 de CONAMA sobre «El futuro de los riesgos climáticos y de la naturaleza y su impacto financiero» —coordinado por miembros del equipo técnico de Fundación CONAMA y los coordinadores del Natural Capital Factory— han trabajado durante los meses previos a la 15.ª edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente en varias acciones para contribuir a mejorar el conocimiento sobre estos riesgos y facilitar su gestión entre los actores económicos, financieros y sociales españoles. 

 

Estas acciones han consistido en una consulta para recabar información valiosa sobre cómo abordan las organizaciones españolas la gestión de estos riesgos, metodologías y herramientas para la identificación, medición y gestión, problemas y soluciones y oportunidades asociadas con la adecuada gestión de los riesgos financieros del clima y la naturaleza y la contribución de las empresas a la adaptación al cambio climático y al fortalecimiento de la resiliencia social a este fenómeno. Otras acciones desarrolladas en el marco del trabajo del CT6 han sido la organización de un webinario sobre cómo mejorar la divulgación climática y relacionada con la naturaleza en colaboración con Climate Standard Disclosure Board (CSDB) y la elaboración de una herramienta divulgativa sobre el panorama político y regulatorio de estos riesgos y los resultados de la consulta. 

 

Además, también se ha impulsado la colaboración con actores españoles destacados involucrados en la gestión de los riesgos financieros del clima y la naturaleza y representantes empresariales para ofrecer desde su experiencia práctica una visión sobre las tendencias de los marcos político y regulatorio de estos riesgos y cómo están siendo abordados por las organizaciones españolas.

Contexto político y regulatorio de los riesgos financieros climáticos y de la naturaleza

El primer bloque de la Sesión Técnica 6 de CONAMA 2020 estuvo centrado en el contexto político y normativo de los riesgos financieros climáticos y de la naturaleza, el Plan de Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 y la nueva Estrategia de Adaptación de la Unión Europea. En él participaron Paz Ferrer Calvo, directora de Comunicación de Ecoacsa y coordinadora del Natural Capital Factory, Antonio Mateos Gil, asesor sénior de la Secretaría General del Tesoro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Mónica Sánchez Bajo, jefa de Área de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Esther Palomeque, responsable de la Unidad Bancaria Europea del Banco de España.  

 

Durante la introducción del contexto global de estos riesgos, Paz Ferrer subrayó que el contexto en el que vivimos inmersos desde hace más de un año que desgraciadamente estalló por la pandemia del coronavirus, ha puesto sobre la mesa con más claridad que nunca la interconexión existente entre las distintas crisis que enfrentamos (sanitaria, económica, climática y de pérdida de naturaleza). Ante este panorama, es relevante conocer qué está en juego y por qué es clave que los actores económicos comienzan a trabajar o dediquen recursos a mejorar la gestión de los riesgos derivados del cambio climático y la naturaleza. En este sentido, ofreció una serie de datos que evidencian de forma clara esta relevancia.

 

«Nuestras economías y sociedades dependen de los servicios que suministra la naturaleza y de la capacidad de los ecosistemas para continuar suministrándolos. Sin embargo, aunque se estima que el valor de estos servicios oscila entre los 125 y los 140 billones de dólares al año, la naturaleza sigue en declive. Según un estudio de 2020 del Fondo Económico Mundial más de la mitad del PIB mundial, en concreto, 44 billones de dólares, depende de forma moderada o muy elevada de la naturaleza y sus beneficios»

Para impulsar el mayor reconocimiento de estos riesgos, se están dedicando importantes esfuerzos desde el ámbito regulatorio y también a través de iniciativas público-privadas y privadas, que están en línea con las mayores exigencias de transparencia y divulgación sobre la relación de las empresas con el mundo natural por parte de la comunidad inversora, los consumidores y de la sociedad, como el reciente lanzamiento del nuevo Task Force for Nature-related Financial Disclosure (TNFD), cuyo trabajo se basa en las lecciones aprendidas con el Task Force for Climate-related Financial Disclosure (TCFD) y está dirigido a resolver las necesidades de informes, métricas y datos de las empresas e instituciones financieras que les permitirán comprender mejor sus riesgos, dependencias e impactos en la naturaleza.

 

Antonio Mateos Gil, asesor sénior de la Secretaría General del Tesoro del MINECO puso en contexto por qué se empiezan a regular los riesgos financieros climáticos, cuál es el propósito que hay detrás de la regulación bimodal vigente (financiera y ambiental) y ofreció un análisis sobre el marco normativo nacional y europeo actual y futuro.

 

Explicó que «el Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea parte de dos premisas: la necesidad de financiar el cambio necesario en el modelo productivo y los distintos sectores de la economía y de introducir un cambio cultural en el sector financiero sobre su funcionamiento y que pase a ser tratado como un sector más dentro de la economía.

Del Plan de Acción derivan varios instrumentos regulatorios claves que ya están en vigor. Uno de ellos es el reglamento de la taxonomía de las actividades sostenibles. En abril se aprobaron los primeros actos delegados que contienen los criterios técnicos relacionados con los objetivos de adaptación y mitigación del cambio climático. En este caso, ha sido una clasificación incompleta porque se han dejado fuera algunos sectores como el de la energía nuclear, el gas, la agricultura y algunos sectores manufactureros. En algunos casos, esto se ha debido a falta de tiempo para procesar cuestiones técnicas en los actos delegados, en otros, como en el de la agricultura, se ha querido esperar a la aprobación de la nueva PAC, pero se espera que en los próximos meses se completen los objetivos de adaptación y mitigación a través de la aprobación de actos delegados complementarios que incluyan los criterios técnicos de los sectores que faltan»

Según Mateos Gil, otro instrumento relevante  en vigor del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea es el reglamento de divulgación, que entró en vigor el pasado 10 de marzo. «Este fija obligaciones a los gestores de activos de divulgación de información relacionada con la sostenibilidad a sus clientes en relación con las inversiones que realicen en su nombre. Fundamentalmente, el reglamento obliga a informar sobre tres aspectos: la política de integración de los riesgos de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión, la coherencia de esa política de riesgos con la de remuneraciones y si se están considerando o no las principales incidencias adversas de esa inversión sobre los factores de sostenibilidad».

 

Los índices de referencia o de benchmark serían un tercer instrumento del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles, en este caso, 100 % financiero, que establece los criterios para poder crear índices de referencia climáticos evitando el lavado verde (greenwashing), apuntó  el representante del MINECO.  

Tendencias regulatorias y la LCCTE

Mateos Gil avanzó una serie de novedades regulatorias que están por llegar en el corto plazo: 

Mateos Gil concluyó su intervención haciendo referencia a la nueva Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética. «Tiene dos grandes previsiones en materia de riesgos financieros asociados a la sostenibilidad. Por un lado, establece la obligación por parte de las grandes empresas, entidades financieras y aseguradoras de realizar un informe anual sobre la evaluación del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición de su actividad, incluyendo los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos financieros. Junto a este informe anual, se prevé también la presentación por parte del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección Nacional de Seguros y Fondos de Pensiones de un informe bianual sobre los riesgos para el sector financiero derivados del cambio climático».

La importancia de los riesgos financieros físicos

Mónica Sánchez Bajo, jefa de Área de la Oficina Española sobre Cambio Climático del MITECO, incidió en la importancia de los riesgos físicos e hizo referencia a un reciente estudio de la CE que evalúa los impactos económicos que podrían tener algunos de los riesgos físicos del cambio climático. 

«Ante un escenario de calentamiento global de 3 ºC, la pérdida anual que registraría la UE sería de al menos 170 000 millones EUR (1,36 % del PIB de la UE) y, en concreto en el caso de los países del sur europeo, registrarán unas pérdidas muy superiores que los del resto del continente. «El éxito que logremos en las medidas de mitigación determinará la diferencia en las pérdidas derivadas de los riesgos físicos del cambio climático (...) La tasa de rendimiento de las inversiones en mejora de la resiliencia es alta, puesto que cada euro invertido en adaptación podría dar lugar a unos beneficios económicos netos de entre 2 y 10 euros»
 

La responsable de la OECC también puso el foco en los beneficios de la adaptación, es decir, de la respuesta que damos a los riesgos climáticos. Según un documento publicado por la Comisión Global de Adaptación, la adaptación al cambio climático supone el mantenimiento y generación de empleo, sobre todo, evitando las pérdidas de empleo que puede suponer los riesgos del cambio climático, pero también la creación de empleo relacionado con las medidas de adaptación; la prevención de las pérdidas económicas mencionadas y que recoge el informe Peseta IV y la promoción de una economía resiliente, lo que beneficia al contexto económico. El informe destaca que la tasa de rendimiento de las inversiones en mejora de la resiliencia es alta, puesto que cada euro invertido en adaptación podría dar lugar a unos beneficios económicos netos de entre 2 y 10 euros».

 

Ante la evidencia de que aún queda mucho camino por recorrer para reducir notablemente las emisiones de gases de efecto invernadero, Mónica explicó que se trabaja con varios escenarios que permiten proyectar cuáles podrían ser las trayectorias del cambio climático en un futuro, recogidas en el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), el AR5.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 y Estrategia Europea de Adaptación

En materia de finanzas sostenibles, el marco del PNACC 2021-2030 se centra fundamentalmente en la actividad aseguradora, «porque su vinculación con la adaptación es muy importante, dado que supone una transferencia de riesgos y puede contribuir a la adaptación de las actividades económica, por su potencial para contribuir a la prevención de los riesgos y porque es una actividad que también puede sufrir graves impactos como consecuencia del cambio climático», aclaró. En un estudio de 2020 del MITECO se analiza la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de la actividad aseguradora.  

 

El PNACC identifica 18 ámbitos, entre ellos, el sistema financiero y la actividad aseguradora, cuyos objetivos consisten en:

A partir de estos objetivos, se definen una serie de líneas de actuación, entre las que se cuentan: la incorporación de la adaptación en las iniciativas de finanzas sostenibles, la creación de incentivos para la prevención de riesgos mediante la integración de la adaptación en la actividad aseguradora y el fortalecimiento de capacidades sobre adaptación en el sistema financiero y la actividad aseguradora.

La nueva Estrategia Europea sobre Cambio Climático plantea el objetivo de una Europa resiliente al cambio climático en 2050, a través de «evitar la inadaptación y adaptarnos a lo inevitable, haciéndolo de una manera más rápida, inteligente y sistémica». Su texto recoge que «los efectos del cambio climático plantean riesgos desestabilizadores para los activos y las empresas», destacó Sánchez Bajo, y reconoce que la gravedad del desafío de la adaptación lo convierte en un esfuerzo de todo el gobierno y de toda la sociedad y busca corregir la percepción errónea de que la adaptación es solo un coste: es una inversión.

 

Por último, avanzó que la Comisión apoyará el desarrollo de soluciones de respuesta rápida para los responsables de la toma de decisiones y los profesionales de la adaptación. Estas soluciones tendrían que desarrollarse según plazos definidos y con recursos disponibles para el sector financiero, las pymes o los pequeños agricultores, etc. Además, para acelerar la acción en adaptación, las principales inversiones del sector privado en soluciones de adaptación también aumentarán la gama de opciones disponibles y las harán más asequibles para todo el mundo. La taxonomía de actividades sostenibles de la UE abarca la adaptación y actuará como facilitador e incentivo para canalizar la financiación privada hacia una mayor resiliencia frente al cambio climático.

El papel del supervisor

Esther Palomeque, del departamento de Regulación (Unidad Bancaria Europea) del Banco de España, afirmó que en los dos últimos años se está analizando en casi todos los foros internacionales de supervisión prudencial cómo impactan los riesgos climáticos y medioambientales en las entidades de crédito. Ya se ha llegado a un consenso, de hecho, este abril el Comité de Basilea, principal foro de regulación prudencial bancaria publicó un informe sobre factores de riesgos climáticos y canales de transmisión en el que se exploran precisamente cómo surgen los riesgos financieros relacionados con el clima y cómo afectan tanto a los bancos como al sistema bancario. 

 

Una de las conclusiones consensuadas es que los riesgos climáticos no son nuevos, sino que acrecientan otros riesgos prudenciales ya existentes como los de crédito, de liquidez, de mercado, operacional o reputacionales. 

 

Palomeque añadió que un artículo del Banco Central Europeo publicado en la revista de Estabilidad Financiera de mayo de 2020 reconoce que los riesgos financieros derivados del cambio climático son materiales para el sector bancario y que el el Banco de España está trabajando desde distintas perspectivas en este ámbito: por ejemplo, en la reducción de su propia huella de carbono, cómo incorporar la sostenibilidad en las carteras de política monetaria o en las inversiones de las carteras de reserva, y como supervisor prudencial, está participando en foros y organismos internacionales en los que se han creado grupos de trabajo en los últimos años que están abordando cómo afectan al sector bancario los riesgos climáticos. También se está tratando de incrementar la concienciación y sensibilización del sector bancario sobre la importancia de estos riesgos.

 

Según Palomeque, uno de los problemas es la falta de información y datos para poder realizar un análisis adecuado sobre en qué medida los bancos se ven afectados por estos riesgos. Se espera que la revisión de la Directiva sobre información no financiera palie esta brecha en alguna medida.

 

«El Banco de España está trabajando en la realización de pruebas de estrés o de resistencia para valorar la resiliencia del sector bancario a los riesgos climáticos y, en concreto, se están valorando escenarios de transición. Es muy probable que en el segundo semestre del año se publique el informe de resultados. Adicionalmente, la Ley de cambio climático y transición energética recoge que el Banco de España, la CNMV y la Dirección Nacional de Seguros y Fondos de Pensiones tienen que realizar un informe cada dos años sobre los efectos de los riesgos climáticos sobre la estabilidad financiera»

Ambito internacional

Esther Palomeque aseguró que Network for Greening the Financial System (NGFS), creada en 2017 para desarrollar buenas prácticas en la gestión de riesgos climáticos y medioambientales, publicó en mayo 2020 una guía sobre cómo integrar estos riesgos en la supervisión; y en junio otra sobre escenarios que está en revisión y posiblemente a finales de año se publicará la versión revisada.

 

También están trabajando en este ámbito el Financial Stability Board (FSB), cuyas recomendaciones han servido para aportar consistencia global de los marcos de divulgación de riesgo climático y de los enfoques supervisores y regulatorios y han sido apoyadas por el G20 y el Comité de Basilea, presidido por el gobernador del Banco de España. El Comité de Basilea ha hecho públicos dos informes sobre los factores de riesgos y los canales de transmisión y otro sobre metodologías para la medición del riesgo climático. En lo que está trabajando ahora es en cómo se puede abordar desde el marco prudencial la incorporación de estos riesgos. Por su parte, el Banco Central Europeo publicó en noviembre de 2020 una guía muy detallada sobre cómo se espera que los bancos deberían gestionar y divulgar los riesgos medioambientales, que están muy en línea con las expectativas desarrolladas por el Banco de España. Y el BCE está trabajando en un ejercicio de estrés sobre riesgos de cambio climático en las entidades bancarias para 2022 y la Autoridad Bancaria Europea (ABE o EBA) ha lanzado un documento consultivo sobre el marco para divulgar estos riesgos y un informe preliminar sobre cómo se deben gestionar.

 

En palabras de la experta del supervisor bancario española, «las expectativas publicadas por el Banco de España se desarrollaron con el ánimo de hacer consciente al sector financiero de la relevancia de abordar estos riesgos y de trasladar el mensaje de que han llegado para quedarse, por lo que tienen que comprenderlos y gestionarlos de manera adecuada».

 

Las expectativas recomiendan  la incorporación de los riesgos financieros climáticos y ambientales en la estrategia y modelos de negocio; teniendo en cuenta que se manifiestan en horizontes temporales más largos que los habitualmente utilizados en la planificación estratégica. En materia de gobierno corporativo, se hace responsable último de la integración de estos riesgos en la estrategia general y en la organización interna de la entidad al consejo de administración. Se menciona la importancia de una gestión integral y global de los riesgos, en que hay que integrarlos en las políticas y procedimientos ya existentes, y en los análisis de escenarios, los ejercicios de estrés y la disponibilidad de datos.

Desafíos

Para Esther Palomeque, los principales desafíos a los que los supervisores bancarios han de hacer frente son:

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